- El pretendido impuesto a la plusvalía es una medida recaudatoria que atenta contra la economía doméstica.
- Innecesario el gravamen, más aún cuando se tiene el Impuesto Predial.
- Lo mejor es reorientar el gasto corriente de las administraciones públicas
En entrevista, Pérez Almanza calificó a la insistencia de establecer el llamado impuesto a la plusvalía, como una medida insensible a la realidad de los aguascalentenses, y de afán meramente recaudatorio.
Consideró que no es creando o aumentando los impuestos, como los gobiernos podrán solucionar sus supuestos problemas de liquidez. Por el contrario, dijo, “sólo se dará con una reingeniería en la administración pública, para ser más eficientes y con menores gastos de operación”.
Sostuvo que la clase política quiere sólo mantenerse en el error de los excesos y lujos, en vez de reducir el aparato burocrático, que es el que está llevándose la mayor parte de los recursos, y el menor para la obra pública y los programas asistenciales.
Vicente Pérez Almanza consideró que el impuesto a la plusvalía sólo constituye otro golpe a la economía doméstica y de cualquier ciudadano, que se trata de aprobar cuando no está próxima una elección que pueda generar un desgaste a los partidos que lo aprueben.
Del mismo modo, cuestionó la legalidad del mismo gravamen, considerando que el impuesto predial que hoy se paga, ya considera el valor tanto de la vivienda como el que le genera la ubicación y dotación de servicios públicos.
Puntualizó al mismo tiempo, que este tipo de medidas recaudatorias, también lo único que producen es que la vivienda, que es un derecho constitucional de todos los mexicanos, se vuelva cada vez más inaccesible por el alto valor que representa adquirirla, ya sea nueva o usada.
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