- Mediante boletín de prensa el PRI fija su postura con respecto al pacto y señala que dicho instituto político no pondrá condiciones ni obstaculizará un proceso "limpio".
- Dicen que el pacto obliga a firmantes a abstenerse de denostaciones y admitir el resultado electoral.
- Así mismo el PRI convoca a sus candidatos a firmar el "Pacto de Lealtad y Compromisos por Aguascalientes".
"Autoridad Electoral cuenta con la confianza de partidos y ciudadanos (sic)".
El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, J. Guadalupe Ortega Valdivia, dio a conocer que su partido no condicionará, ni pondrá obstáculos para el desarrollo del proceso electoral y además, que otorgan su confianza en la autoridad electoral, y para constatarlo anunció que sus candidatos y representantes asistirán el próximo viernes 17 a las 11 horas a la cita que recibieron por parte del Instituto Estatal Electoral, a la firma del Pacto por la Civilidad Política del Proceso Electoral 2012-2013.
Lupe Ortega refirió que en dicho documento "garantizará" a los aguascalentenses la certeza de un ambiente sano y en paz en el desarrollo del proceso electoral, en donde no habrán descalificaciones o calumnias que inhiban la participación de la ciudadanía, sin embargo, hay que reconocer que hoy en día las denostaciones en contra de los candidatos de todos los partidos ya inundan las redes sociales.
Así mismo señala que el pacto obligará a que nadie realice denostaciones, infamias o descalificaciones entre los mismos partidos políticos y sus candidatos; hacia el organismo electoral, los diferentes órdenes de gobierno y los tres poderes políticos del Estado, además de que compromete al partido perdedor a respetar el resultado de las urnas, independientemente de cual fuese el resultado.
En el mismo boletín, Ortega Valdivia señala que además del Pacto convocado por el IEE, los candidatos del PRI firmarán el Pacto de Lealtad y Compromisos por Aguascalientes, un documento basado en el Código de Ética del PRI, en el cual reconocen que el Poder Público dería de servir para alcanzar los propósitos establecidos en la Constitución y las Leyes para el beneficio de la sociedad y responder a la exigencia de servicio con transparencia y eficacia, un tema en el cual existe un vacío profundo en México.