- La iniciativa propuesta por el diputado Arturo González clarifica la forma de distribución de las fuerzas políticas en el Congreso del Estado.
El diputado Gregorio Zamarripa Delgado elogió la puesta en marcha del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia a cargo del presidente Enrique Peña Nieto.
- Da a conocer el legislador Mario Guevara Palomino que en breve iniciará un estudio de movilidad urbana, para emprender la reforma al sistema de Transporte Público.
Tras
la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, planteada por el diputado
Arturo González Estrada, las próximas legislaturas determinarán el
número de integrantes en la Comisión de Gobierno de acuerdo a la
votación obtenida por los partidos políticos, en los casos en que exista
un empate en cuanto al número de representantes populares.
El
dictamen emitido por la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Constitucionales, desechó las propuestas de incluir al auditor superior
del Estado en el Comité de Administración del Congreso del Estado, por
contravenir otras disposiciones estatales, así como la de permitir la
inclusión de los legisladores que lo soliciten en la Comisión de Asuntos
Electorales.
En
la discusión respectiva, el diputado Sergio Augusto López Ramírez,
señaló que la iniciativa sometida a votación no es tan relevante como
otras situaciones de la vida legislativa interna que revisten una
importancia mayor, y que no son congruentes con la actual Ley Orgánica.
Opinó
el legislador ecologista que todos los representantes populares
deberían tener el mismo nivel, mientras que los ordenamientos vigentes
–desde hace muchos años-, no permiten la participación igualitaria en
todas las comisiones, ya que en algunas sólo se puede participar con
voz, pero no con voto, como es el caso de la Comisión de Vigilancia, o
la de Asuntos Electorales, donde a su ver “debería haber presencia y
participación de todos los partidos políticos”.
Asimismo,
López Ramírez indició que hay comités, como el de Comunicación, donde
sólo unos pocos tienen acceso a decidir cuestiones como el presupuesto,
donde “los demás no sabemos como se mueve”.
Por
su parte, el impulsor de la iniciativa original, diputado Arturo
González Estrada, declaró coincidir en algunos de los señalamientos de
su antecesor en la tribuna, ya que desde el inicio de la LXI Legislatura
notó que hay manejos sujetos a interpretación o “bajo la decisión de
personas que ni siquiera son diputados” o bien, el hecho de que no todos
los miembros del Congreso no tienen acceso a órganos parlamentarios
como el Comité de Administración, donde se decide el tema de los
recursos del presupuesto del Poder Legislativo.
El
legislador del Grupo Parlamentario del PAN mencionó que comisiones como
la de Vigilancia deberían tener la presencia de representantes de todas
las fuerzas políticas, para una mayor transparencia en la revisión de
las cuentas públicas.
González
Estrada aseveró que prevalece una inequidad en la forma de dictaminar
las iniciativas de ley, pues mientras que existen proyectos legales
pendientes desde la pasada Legislatura, mientras que “hay propuestas que
se dictaminan y aprueban de un día para otro, con lo que evidencia que
hay diputados, de primera, de segunda, o hasta el número 27”.
A
solicitud del presidente de la Mesa Directiva, diputado Juan Manuel
Gómez Morales, se recabó la votación respectiva, por lo que tras la
contabilidad respectiva a cargo de los secretarios, el dictamen obtuvo
el visto bueno de todos los presentes, salvo de los legisladores José
Luis Ramírez Escalera y Gilberto Carlos Ornelas.
Los
representantes populares aprobaron por mayoría de votos el Dictamen de
la Comisión de Fortalecimiento Municipal que rechaza la reforma a la Ley
Municipal del Estado de Aguascalientes propuesta por el grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, con el señalamiento que
además de realizar una análisis a fondo, se solicitó opinión a áreas
competentes y a todos los municipios y coincidieron en que regular y
sancionar los casos de reincidencias en faltas administrativas, no es
viable y contradice a diversas leyes en la materia, pues se otorgaría
discrecionalidad a la autoridad municipal.
A
continuación, se sometió a discusión la propuesta del diputado José
Luis Novales, para eliminar lo establecido en las Leyes de Hacienda de
los Municipios de Aguascalientes; Asientos; Cosío; Jesús María; Pabellón
de Arteaga; Rincón de Romos; San Francisco de los Romo; San José de
Gracia y Tepezalá, respecto al Derecho de Alumbrado Público –DAP- como
parte de los ingresos de dichos Municipios “ya que considera como
inconstitucional debido al criterio emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación”.
En
el resolutivo expresado por la Comisión, se especifica que la
Constitución y otros ordenamientos facultan a la Comisión Federal de
Electricidad para cobrar el DAP, además de que si se omitiera esta
recaudación, pondría en dificultades financieras a los ayuntamientos,
que tendrían que erogar cantidades millonarias por concepto del consumo
eléctrico.
Para
argumentar en contra de la iniciativa, hizo uso de la voz el legislador
Alfredo Nieto Estebanez, quien a nombre de la bancada panista aclaró
que al desechar la propuesta, se continuará con una violación flagrante a
la ley con el cobro del Derecho de Alumbrado Público, correspondiente
al 10% del consumo de electricidad.
El
promotor explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
definicido que la forma en que se recaba el pago del servicio, toma
forma de impuesto, lo cual sólo puede ser definido por el Congreso de la
Unión. Además, detalló que en su caso, el cobro debería ser uniforme
para todos los beneficiarios y de acuerdo al nivel de prestación del
servicio.
Señaló
además, que quienes han han impugando el pago del DAP, han obtenido el
amparo respectivo y reciben la devolución respectiva, ya que se cuenta
con todo el fundamento legal. “Está bien que se cobre el servicio, pero
no el que se imponga un impuesto proporcional al consumo”, concluyó el
diputado Nieto Estebanez.
Por
su parte el diputado Alfredo Reyes Velázquez, señaló que en este tema
le mueve el interés jurídico y la responsabilidad que tuvo como alcalde
capitalino hace algunos años. Reconoció que eliminar el cobro del DAP,
si dañaría las finanzas de los municipios, también viola el Estado de
Derecho, pues los Ayuntamientos no están facultados para realizar ese
cobro. Pidió construir las bases para hacer constitucional el cobro del
Derecho de Alumbrado Público, en tanto señaló se abstendría al emitir su
voto.
Como
presidente de la Comisión de Vigilancia, el diputado Arturo Robles
Aguilar, destacó que el dictamen que se presentó tiene todo el soporte
legal del artículo 115 Constitucional, que otorga atribuciones a los
Ayuntamientos en el manejo de su hacienda.
Recordó
que esta medida representaría un quebranto a las finanzas municipales
de enormes dimensiones y como ejemplo citó que el capitalino dejaría de
recibir 108 millones de pesos, San Francisco de los Romo ocho millones
y Jesús María casi cuatro millones de pesos.
Al
levantar el parecer de los representantes populares se obtuvo la venia
de la mayoría en contra de eliminar el cobro del DAP por la CFE, con 18
votos a favor, 4 votos en contra (Héctor Quiroz, José Luis Novales, José
Luis Ramírez y Alfredo Nieto) y tres abstenciones (Gilberto Carlos
Ornelas, Arturo González y Arturo González).