Diputados se reúnen con titulares de los Institutos de la Mujer del Estado y municipio capital y con jueces penales.
Se
pronuncian mayoritariamente por que se considere agravante y no delito
autónomo, pues eso generaría impunidad al dificultarse la comprobación
del delito como tal.
Con
el objetivo de conocer sus puntos de vista y conocer puntos a favor y
en contra de las iniciativas para sancionar el feminicidio que
actualmente se analizan en la LXI Legislatura, los presidentes de las
Comisiones de equidad de género, Edith Citlalli Rodríguez González y de
Justicia, Miguel Ángel Juárez Frías; se reunieron con quienes encabezan
los titulares del Instituto de la Mujer del estado, Elsa Amabel Landín y
del municipio capital, Verona Valencia; además de los jueces tercero y
segundo de lo penal, Laura Delgado de Luna y Yuri Berhaud Reyes.
La
presidenta de la Comisión de equidad, Edith Citlalli Rodríguez, expuso
un comparativo de las tres iniciativas que actualmente hay respecto al
tema en el Congreso, enviadas por el PVEM, PRD y el Poder Ejecutivo,
para que una vez conociéndolas presentaran sus puntos de vista. La
legisladora priísta señaló que el objetivo es dictaminar únicamente
luego de conocer la opinión de expertos, que enriquecerán la iniciativa
que llegue al pleno en el próximo período ordinario de sesiones.
Ratificó
el compromiso establecido para que el tema se analice con
responsabilidad, seriedad y profundidad, tal como lo amerita el caso.
Por
su parte el Presidente de la Comisión de Justicia, Miguel Ángel Juárez
Frías; agradeció la disposición a participar de todos los sectores, y
reconoció que es un tema delicado en materia conceptual penal, por ello
el interés de hacer una labor minuciosa que garantice evitar la
impunidad y proteja a las mujeres de manera real, sin ambigüedades.
En su intervención, el juez segundo de lo penal, Yuri Berthaud Reyes; manifestó su coincidencia con varios de los puntos de las iniciativas presentadas, pero advirtió de la dificultad que existiría en la etapa de prueba, para comprobar el feminicidio, como tal; por lo que se mostró a favor de que se considere como una agravante más, lo que sumado a las ya existentes, obtendría una sentencia aún mayor a la prevista por las iniciativas del PVEM y el PRD.
Reiteró
la dificultad que se enfrentaría para acreditar varios elementos, lo
que teme, generaría impunidad, pues en caso de no comprobarse el
feminicidio como tal, estarían después impedidos en reclasificar el
delito como asesinato, lo que dejaría en libertad al presunto
responsable del ilícito, por lo que pidió tener mucho cuidado en que la
reforme sea clara y no tenga lagunas.
Por
su parte la directora del Instituto de la Mujer del Estado, Elsa Amabel
Landín Olivares; coincidió con quien lo antecedió en el uso de la voz
en la postura de que la modificación considere esto como un agravante
por la dificultad probatoria a la que se enfrentarían en un juicio.
Se
pronunció además por incluir sanciones a las autoridades que sean
omisas y no atiendan de manera oportuna las agresiones a mujeres.
Agradeció la apertura del Congreso para abordar así los temas que
preocupan e interesan a la sociedad como éste.
En
su oportunidad, la Juez Tercero de lo Penal, Licenciada Laura Elena
Delgado de Luna, consideró que el término feminicidio debe ser analizado
a profundidad, pues sí no hay una definición clara, esto conllevaría a
confusiones que podrían derivar en sentencias absolutorias al
victimario, acotó.
Lo
más viable, sostuvo la Juez, sería agregar una calificativa cuando se
trate de un homicidio en contra de una mujer, y con ello se
establecerían las penas bajo el criterio del juzgador.
Al
hacer uso de la voz, la directora del Instituto de la Mujer del
Ayuntamiento de Aguascalientes, Verona Valencia, insistió que el
feminicidio deber ser un delito autónomo, que aunque no todos los
asesinatos son de género, el procedimiento penal debe ser conducido de
manera especial y con sanciones severas para el responsable, señaló.
La
funcionaria municipal anotó que los jueces y demás autoridades deben
abordar el feminicidio bajo la perspectiva de género, lo cual
contribuiría a que los castigos sean más duros para aquellos que privan
de la vida a una mujer.
Manifestó
su preocupación porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
califica a México como unos de los principales países que poco atienden
los casos de violencia contra las mujeres.
Por
su parte, la activista social Marcela Martínez Roaro aseveró que los
tipos penales que establece la legislación actual no han cumplido con su
finalidad, pues no se castiga como se debe a quién comete un homicidio
femenino.
También
insistió que el feminicidio debe ser visto desde la óptica de
conocimiento de género, porque así las sentencias condenatorias
cambiarían su curso bajo este precepto, en pro de la justicia y la
protección de la mujer.
A
su vez, la Vocal Ciudadana del Instituto Aguascalentense de la Mujer
(IAM), Carmen Jonás, consideró que las autoridades deben devolver la
confianza al sector femenil para que se fomente la cultura de la
denuncia.
Dijo
además que la agresión y discriminación contra la mujer obedece a
factores psicosociales que la misma sociedad ha establecido; agregó que
el feminicidio es un fenómeno social alarmante por lo que ya debe ser
juzgado bajo la perspectiva de género.
En
seguida, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, diputada
Citlalli Rodríguez González, externó su agradecimiento a los
especialistas que en las dos reuniones han vertido sus opiniones, lo
cual contribuirá a la construcción de un marco legal adecuado a las
circunstancias sociales.
La
legisladora abundó que este tema no es exclusivo del Poder Legislativo y
por ello es que se toma en cuentan las observaciones de los diversos
sectores y autoridades, porque es el firme objetivo de la LXI
Legislatura de reflejar en las leyes las necesidades de la población,
siempre apelando a la responsabilidad.
En
el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado
Miguel Ángel Juárez Frías, indicó que la protección de la mujer en la
justicia penal es abordada con sentido social y responsable, por lo que
no está cerrada la posibilidad de una reforma que salvaguarde la
integridad y los derechos de este sector social.
Juárez
Frías criticó aquella postura que su único propósito es buscar votos y
no soluciones reales, abanderando causas sociales sin el previo estudio
consensuado y profundo que requiere la materia.
Refirió
que unos de los errores es tratar de gobernar con la norma penal,
cuando esta deber estar exenta de cualquier política pública, pues basta
ver como ciertos delitos menores ahora son considerados graves por el
manoseo del que ha sido objeto el Código Penal.
El
representante popular reiteró el compromiso de la LXI Legislatura de
contribuir con el mejoramiento del marco legal, sin menoscabo de las
opiniones de especialistas encargados de la impartición y administración
de justicia; al tiempo de combatir eficazmente la impunidad cuando se
trate de delitos de homicidios contra mujeres.
A
los trabajos de la reunión, también se incorporó el diputado
Netzahualcóyotl Álvarez Cardona, vocal de la Comisión de Equidad de
Género.