Se Tiene la Obligación de Realizar la Expedición en Plazo Máximo de un Año, de Diversas Leyes Secundarias en Materia de Reparación.
En el marco de la realización, ayer, del Foro de Análisis de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, que se llevó a cabo ayer en el Hotel Marriot de esta ciudad, la senadora de la República recordó que se tiene la obligación de realizar la expedición en un plazo máximo de un año, de diversas leyes Secundarias en materia de reparación; suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías; expulsión de extranjeros; entre otros aspectos.
“Lo anterior, partiendo que dicha reforma expande el abanico de los derechos humanos en el país, al transformar la filosofía política en este renglón, al reconocer más que otorgar los derechos inherentes al ser humano en congruencia con lo preceptuado por los Tratados Internacionales suscritos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República como he comentado”.
La senadora Norma Esparza afirmó que la reciente reforma constitucional, conlleva el reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos, a su más amplio espectro como derechos exigibles con la más plena protección jurisdiccional y no se trata de un simple cambio de palabras en la Constitución. El primer capítulo de la Constitución, abundó, pasó de la denominación de “De las Garantías Individuales” a la denominación “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, con lo que se reconoce estatus de primer nivel a los derechos.
La reforma no solo plantea las garantías establecidas en la Carta Magna, sino también las establecidas por las leyes y permitirá desde todas las aristas, expandir los derechos de los mexicanos al ampliar el borde garantista de la Carta Magna.
Adicionalmente, dijo, la reforma involucra la transformación de la libertad religiosa por la libertad de creencia, contribuyendo al esquema garantista de los mexicanos. La reforma es en pocas palabras pro-derechos. Se obliga a las autoridades que no acepten las recomendaciones del Organismo de Derechos Humanos, a publicar la negativa que motiva dicha acción, lo que impacta en la justificación de la acción gubernamental.
Por cuanto hace al combate a la delincuencia organizada, se acota la eventual suspensión de derechos y garantías con la estricta supervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En concordancia con el esquema constitucional de colaboración de funciones, se traslada la facultad de investigación de violaciones graves de derechos humanos de la Corte, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la potestad del Senado de la República de citar a petición de la propia Comisión, a los funcionarios que incumplan las Recomendaciones de ésta, lo que a su vez le otorga mayor autonomía y se incorpora audiencia previa a la expulsión de los extranjeros.
Finalmente, la senadora Norma Esparza dijo confiar en que antes de que concluya el presente año se realice la consolidación de estos derechos a través de la legislación secundaria, que permitirá aterrizar en los hechos las modificaciones realizadas en la materia.
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